Caso D’Alessio: la Cámara le exige a Ramos Padilla que se envíe la causa a juicio oral y público.

Judiciales 08 de octubre de 2019 Por
La alzada confirmó las últimas decisiones del juez y le exigió que envíe rápidamente la causa a debate oral y público. También respaldó la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
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La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó la ampliación de los procesamientos con prisión preventiva de los ex policías bonaerenses Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk y del falso abogado Marcelo D’Alessio en la causa por presunta asociación ilícita dedicada a tareas de espionaje ilegal y extorsión que investiga el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

La Cámara volvió a brindar un explícito respaldo a la actuación de Ramos Padilla, pues consideró que “las probanzas valoradas por el juez permiten tener acreditada en grado de probabilidad la hipótesis delictiva investigada con todos los elementos para subsumir los hechos investigados en las figuras legales escogidas provisoriamente: la conformación de una asociación ilícita para ejecutar diversos planes delictivos que incluían actividades de inteligencia y espionaje ilegal, extorsiones y coacciones”.

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El fallo, firmado por los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, exigió a Ramos Padilla que envíe rápidamente la causa a la etapa de juicio oral y público: “la pronta remisión de estas actuaciones a juicio se ve reforzada por el hecho de encontrarse en el legajo personas privadas de su libertad, situación ella, que amerita la adopción de medidas certeras, agiles y concretas que tiendan a posibilitar el advenimiento de estas actuaciones por ante la instancia de debate”.

La Cámara había ratificado en un fallo firmado ayer el rechazo a las excarcelaciones de Bogoliuk y Degastaldi, pero faltaba resolver sobre el fondo de la cuestión, es decir las razones esgrimidas por Ramos Padilla para dictar los procesamientos.

La Cámara reivindicó que el juez de Dolores “ha efectuado un desarrollo pormenorizado de los elementos en los cuales sustentó su decisión y ellos resultan suficientes para elaborar un juicio de probabilidad asertivo acerca de la ocurrencia de los hechos y de la participación en ellos de los encartados”.

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“No encontramos justificativo alguno para descartar en esta instancia procesal el análisis efectuado por el juez del valor evidenciable que dimana de las pruebas ponderadas en la resolución de mérito y cuestionadas por los apelantes, en tanto se presentan prima facie como suficientes y lógicas”.

En cuanto al rechazo a las excarcelaciones, la Cámara advirtió que “la complejidad de la posible organización investigada, que contaría con una logística de funcionamiento, y que se dedicaría a cometer ilícitos con la participación de varios integrantes, - algunos de ellos ex funcionarios públicos –, lleva a inferir, al menos a esta altura de la investigación, que podrían contar con medios elusivos u obstructivos de la investigación penal”.

En ambos casos, las resoluciones recuerdan que son “ex policías, miembro de otras fuerzas de seguridad” y, en el caso específico de Bogoliuk, que “ha ocupado altos cargos en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)”.

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Además, al invocar los “riesgos procesales” (especialmente el de entorpecimiento de la investigación) los camaristas arguyeron que desempeñan “actividades de consultoría de seguridad”, situación que “merece en el caso una especial atención por parte de la justicia, no solo por el hecho de que sean ex funcionarios públicos a cargo de la prevención involucrados, sino porque dicha circunstancia también permite inferir que cuenten con mayores elementos para intentar entorpecer el correcto desarrollo del proceso”.

El fallo de la Cámara justifica la conducta de Ramos Padilla: “debemos descartar cualquier rasgo de arbitrariedad en el fallo impugnado toda vez que cuenta con los fundamentos suficientes, mínimos, adecuados, serios y bastantes que obstan su descalificación como acto jurisdiccional válido, pues ha dado las razones por las que presumía que, en caso de recuperar su libertad, pondría en riesgo los fines del proceso”.

El rechazo a las excarcelaciones “resulta una derivación razonada del derecho vigente, basada en las circunstancias comprobadas en la causa”.

“Más allá del avance alcanzado en la pesquisa, el proceso se halla en plena etapa de dilucidación de los múltiples planes delictivos de la organización y que a partir de la compulsa y análisis de los elementos de prueba recogidos es que se han podido conocer otras hipótesis delictivas que deben ser profundizadas”, resumió el fallo.

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La Cámara también respaldó la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), cuestionada por varios de los imputados, entre ellos D’Alessio.

“Es reconocida su intervención como auxiliar de los órganos jurisdiccionales en las causas seguidas por delitos de lesa humanidad a través de la elaboración de informes por los equipos técnicos que integran su Área de Justicia a partir de requerimientos mediante oficios judiciales”, subrayaron los jueces. Y destacaron que Ramos Padilla “solamente solicitó colaboración a los fines de sistematizar la prueba para su posterior análisis de los elementos que de ellas surjan en cuanto a las actividades de inteligencia y espionaje ilegal que llevaba a cabo la organización criminal bajo estudio”.

Sin embargo, el fallo aclaró que “el Informe confeccionado por la CPM sólo tendrá un valor subsidiario mientras el juez no justifique en forma fundada que ninguna otra repartición pública pueda realizar dicha tarea con igual calidad”.

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