A Lucas Figueroa, que fue el médico a quien le dio positivo el test de Covid-19 (luego de presentarse voluntariamente a un centro de salud) y atendía en Saldán al momento del brote, se le atribuye la figura de “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”, de acuerdo con los artículos 45 y 202 del Código Penal. y misma imputación para el Director Médico Dr, Marcelo Lázaro 

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“En los próximos días, se notificará a los imputados la fecha para recibir declaración indagatoria, al tiempo que continúan diligenciándose medidas investigativas. Cabe señalar que las imputaciones fueron adoptadas  el día a jueves, 21 de Mayo, aunque recién este viernes se pudieron completar las notificaciones a los imputados”, explicó en mediante un comunicado el Ministerio Público Fiscal.

La fiscalía especial a cargo de Andrés Godoy investiga el brote en el hogar para adultos mayores, donde se infectaron 56 personas; 11 de ellas fallecieron. La residencia cuyo director es Rafael López Peña permanece clausurada desde el 20 de abril pasado.

Mientras la investigación judicial sobre lo sucedido con el brote de Covid-19 en el geriátrico de Saldán no había avanzado casi, el dueño de la residencia Santa Lucía vaticinó que la denuncia será desestimada.

El propietario del geriátrico, Rafael López Peña, dijo que el fiscal a cargo de la causa “es brillante”.  Y agregó: “Yo estimo que el fiscal va a desestimar la denuncia”.

El fiscal que investiga es Andrés Godoy, a cargo de una fiscalía especial creada recientemente y a la cual van casos que rebotan o no pueden abordar otras fiscalías.

De hecho en Tribunales, se la denomina como “un fuero Anticorrupción paralelo”.

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¿Por qué no imputaron al dueño y sí a los médicos?

Rafael López Peña es el padre de Sebastián López Peña, vocal del Tribunal Superior. El fiscal Godoy está a cargo de una fiscalía especial sin rendir concurso.

El apellido López Peña tardó en conocerse, pues Rafael habría sido pareja muchos años de Adela Tillard, prima hermana del Director de La Voz del Interior.

Este a su vez habría sido socio del Estudio Juridico de Dario Vezzaro, quien fue Fiscal General de la Provincia. Este estudio habría tenido a su cargo el cobro de las deudas de la empres KOLECTOR, recaudadora del Gobierno.  ¿Se entendería  porque imputan a los medicos...?

El Cordobesismo de Schiaretti en su máxima expresión.

La justicia en Cordoba, no es independiente.,,,?

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