La causa por espionaje ilegal tiene a la Corte en la mira

Política 11 de junio de 2020 Por Asser Noticias
Acusan a Lorenzetti de haberle cedido a dedo las escuchas a Irurzun y presionan para que no intervenga en los peritajes. Sin los votos para nombrar Rafecas, crece la tensión con el procurador Casal.
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La Corte Suprema está en la mira de Cristina Fernández   por su actuación a cargo las escuchas judiciales que alimentaron denuncias en su contra o de sus ex funcionarios, tal es así que la mudanza de esos equipos a la procuración general y su futura supervisión explica buena parte de la agenda parlamentaria y tribunalicia de estos días.

el máximo tribunal perdería peso en las pruebas aportadas a causas judiciales vigentes pero, sobre todo, no podría ser perito en la investigación sobre espionaje ilegal, una de ellas con Cristina como principal querellante ante el polémico juez de Lomas de Zamora Federico Villena. 

Parte de la investigación podría nutrirse de escuchas aportadas por ex agentes y ex colaboradores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) capturadas en el Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom), que aún funciona en el máximo tribunal con más de 200 empleados y tecnología para oír conversaciones ajenas cuando lo pida un juez. 

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No por nada Cristina mencionó a la Corte en el video que publicó de ida al Tribunal, el lunes. Aludió a sus charlas con el ahora senador Oscar Parrilli filtradas hace dos años, aún sin ningún responsable. Confía en que algunas de las investigaciones abiertas sobre la AFI de Macri diluciden qué pasó.

Pero necesita que los supremos no intervengan y el primer paso es eliminar los dos decretos con los que Mauricio Macri le transfirió las escuchas judiciales que hasta entonces controlaba la Procuración. El último fue para ratificar a cargo al camarista Martín Irurzun, que ya había sido nombrado por la Corte, y saltó a la fama por su doctrina que permitió dictar prisiones preventivas a ex funcionarios sólo por haber ocupado un cargo público. 

El Senado aprobó la derogación y si repite el trámite Diputados las escuchas volverán al Ministerio Público, que seguirá a cargo del interino Eduardo Casal porque por ahora al frente de Todos no le dan los números para reemplazarlo por Daniel Rafecas. 

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En la sesión que rechazó la creación de la Dicom, Parrilli y Anabel Fernández Sagasti acusaron al entonces  presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti de elegir a dedo a Irurzun como jefe. Fue nombrado en una acordada en la que se informa que fue elegido por sorteo pero, según recordaron los legisladores, dos días antes se había filtrado su designación en los medios.

"Irurzun fue nombrado al frente de la oficina de escuchas por una acordada de la Corte. Si bien aludió a sorteo que lo seleccionó, en el peronismo creen que lo eligió a dedo porque su nombre se filtro antes. Y evalúan iniciar un juicio político".

"Si efectivamente, como presuponemos, no hubo ningún sorteo y fue hecho absolutamente a dedo, el doctor Lorenzetti ha incursionado en un delito, que es precisamente el de adulterar un documento público", apuntó Parrilli, quien estaría evaluando un pedido de juicio político para iniciar en Diputados. 

La acusación necesitaría dos tercios de esa Cámara que sólo pueden alcanzarse con los votos de Cambiemos, donde Lorenzetti no trae buenos recuerdos: aún le reprochan haber recibido a Macri con acordadas que lo obligaron a pagar deudas con las provincias y engrosar el déficit. De hecho, tuvo varios pedidos de juicio político de Elisa Carrió, que obligaron al entonces oficialismo a mantener cerrada la comisión encargada de tratarlos.  

Cristina ya cruzó a la Corte varias veces. La principal fue cuando le pidió una declaración de certeza de constitucionalidad para sesionar de forma remota y tuvo un rechazo in limine de su actual presidente Carlos Rosenkrantz, matizado por sus cuatro pares en el fallo

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Rosenkrantz solicitó una opinión al procurador Casal, le recomendó desestimarlo y así volvió a quedar en la mira, que en las próximas semanas empezará a tomale exámenes.  

El primero es el juicio político que Parrilli pidió iniciar en el Ministerio Público al fiscal Carlos Stornelli por integrar un "sistema de persecución judicial" en la causa de los cuadernos, que llevó a la prisión a empresarios acusados de pagar coimas. Lo acusa de convalidar declaraciones de arrepentidos "que no se grababan ni se filmaban".  

También apuntó al defensor oficial Gustavo Kollman por aconsejarle a sus protegidos culpar a ex funcionarios para quedar mejor parado en la causa. El principal fue el ex chofer Oscar Centeno, recordado por ser el dueño de cuadernos. 

El senador pidió abrir un tribunal de enjuiciamiento y por ahora no encontró obstáculos de Casal, a quien el año pasado el peronismo acusó de frenar un jury contra Stornelli después de conocerse su vínculo con el abogado Marcelo D'Alessio, detenido por integrar una red de espionaje ilegal. 

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Por si acaso, Cristina apuró la designación de senadores en las dos bicamerales que monitorean de cerca al procurador. Una es la de seguimiento del Ministerio Público, acéfala hace dos años porque los senadores peronistas se negaron a nombrar como presidenta a Elisa Carrió. En 2017, fue el foro utilizado por Macri para desgastar a Alejandra Gils Carbó hasta lograr su renuncia.

La otra comisión que ya tiene la mayoría peronista elegida es la de implementación del Código Procesal Penal, a cargo de instrumentar el nuevo sistema acusatorio que empodera a los fiscales en la investigación. Para el Frente e Todos ese marco jurídico es el argumento suficiente para que la intercepción de llamadas quede en manos del jefe de fiscales y no de la Corte. Resta saber cuándo pasará. Y cómo. 

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fte.Lpo 

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Zygmunt Bauman