Avanza el rol estratégico del Estado en Argentina: La expropiación de la empresa agroexportadora Vicentin

Política 17 de junio de 2020 Por Asser Noticias
El decreto presidencial de intervención en la empresa agroexportadora Vicentin, hacia su expropiación, declarándola de utilidad pública, a través de la próxima aprobación de un proyecto de ley en el Congreso, tiene un gran impacto socioeconómico en Argentina, heredera de una deuda externa impagable dejada por el gobierno de Macri y mientras lleva una dura lucha contra la pandemia de covid-19.
thumbnail_Vicentin (foto- Telam)

   Por Helena Iono - corresponsal de Asser Noticias

                                                 

 Publicación realizada en Brasil el 16/06/2020

                                      

Vicentin, cuyo propietario es Gustavo Nardelli y sus socios, es un gigantesco conglomerado de productores y exportadores de granos, oleaginosas y harina, con 30 mil toneladas de alimentos/día, basado en más de 2.600 productores de cereales, en quiebra desde finales de 2019, con una deuda de 1.500 millones de dólares, de los cuales 430 millones con entidades financieras internacionales. La empresa endeudada con sus acreedores privados, proveedores y 5000 trabajadores amenazados de desempleo, está acusada de numerosos fraudes. Entre ellos, una gran financiación de la campaña presidencial de Macri y la adquisición de créditos de 262 millones de dólares del Banco público La Nación, otorgado por el ex director, Javier González Fraga, en la era de Macri (2015-2019). La última entrega de los préstamos (100 millonesde dólares) se autorizó a finales de noviembre de 2019, después de la derrota electoral de Macri, y se recibió días antes de que finalizara su mandato. Al recibirlo, Vicentin se declaró en quiebra y abrió el concurso a los acreedores. ¡Qué maniobra! Típico de usurpadores de propiedad pública. Claudio Lozano, el actual director del Banco La Nación, justo al comienzo del gobierno de Alberto Fernández, ya sospechaba de tales maniobras, así como de otras liberaciones de préstamos multimillonarios por parte de Macri a los agroexportadores; lo mismo que suspendió el impuesto de retención estatal sobre los ingresos de exportación de las oligarquías rurales. Las políticas neoliberales de gobiernos como el Brasil de Guedes-Bolsonaro que recortan el gasto social del gobierno, las pensiones, la salud y la educación ya son bien conocidas para enriquecer la oligarquía financiera.

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Vicentin también está acusado de fuga de capitales. Hay varias investigaciones en curso. Ya sea en el área judicial, a través del fiscal Javier Gerardo Pollicita, como en el legislativo; el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos), junto con una Comisión de Asuntos Institucionales, propone crear una Comisión Especial de Investigación bicameral en el Congreso para investigar posibles irregularidades en las relaciones entre Vicentin y el Banco La Nación. Otras, investigaciones conducidas por legisladores en la provincia de Santa Fé, donde se encuentra Vicentin, que investigan activos no declarados en el extranjero, en las off-shores de Paraguay, Uruguay y Panamá, que están fuera del alcance y control de los acreedores y la justicia argentina. Leer. 

Intervención y expropiación. "Los argentinos deben estar felices porque nos estamos moviendo hacia la soberanía alimentaria". "Intervención y expropiación". "Si no nos metemos, estamos favoreciendo la concentración de este mercado". "La única forma que tenemos es la ley de expropiación". "la bomba explotó hace tiempo, cuando Vicentin dijo que no podía pagar a los productores, que era imposible cumplir con sus compromisos financieros y se presentó en concurso de acreedores". "La queremos rescatar porque hay sólo siete cerealeras en la  Argentina y cuatro son extranjeras". "En un mundo en el que el tema alimentario después de la pandemia se vuelve central, es importante". (Alberto Fernández)

La intervención inmediata en Vicentin ya ha tenido lugar y está respaldada por bases legales. Sin embargo, la expropiación aún depende de la ley en el Parlamento. Esta está más que justificada, porque cuando se trata de rescate, no implica rendirse al deseo del empresario de que el Estado sea un accionista, un socio que deposita el dinero y no decide nada y es cómplice del saqueo. El rescate se refiere al Banco La Nación, que no puede soportar una deuda impaga, como la de Vicentin, que así amenaza su quiebra. El Banco La Nación es el mayor acreedor en relación con otros bancos; prestó 300 millones de dólares, y la AFIP 110 millones de dólares. Entonces, la mayor pérdida es la del Estado y la gente, si no hay expropiación. Ella es necesaria porque al no pagar los préstamos, el Estado debe recuperarse a través de instalaciones productivas y activos que van a un Fondo Fiduciario Agro-YPF en un sector estratégico para la soberanía alimentaria, que es esencial para enfrentar la pandemia. Vicentin actualmente incluye instalaciones de cerealeras y oleaginosas, producción de biodiesel, una fábrica textil, de jugo y vino, y exportaciones de miel; y conforma el mercado de carnes y alimentos.

 

El plan gubernamental es poder controlar a la compañía poniendo a YPF-Agro en el campo, que pertenece a YPF y actualmente vende combustibles e intercambia granos, fertilizantes, agroquímicos e insumos agrícolas. YPF-Agro sería la llamada "empresa testigo". Leer. Por lo tanto, la intención es que el Estado controle y evite la concentración y el monopolio extranjeros (Cargil, Dreyfus), para participar en la planificación del mercado agrícola y alimentario (incluido el control de precios), en la generación de dólares comerciales para el complejo agroexportador. Actualmente, en Argentina, 10 agroexportadores controlan el 90% de las ventas internacionales de granos; la mayoría son multinacionales o empresas extranjeras entre empresas locales y capital extranjero.

 

No se puede olvidar que la medida también salva el empleo de 5.000 trabajadores, especialmente en tiempos de pandemia. De paso, se dice que varias comisiones internas de trabajadores en fábricas de aceite de oliva en la provincia de Santa Fé, afectadas por la quiebra de Vicentin, firman manifiestos en apoyo de la expropiación del gobierno. Este es un paso audaz por parte del gobierno hacia el objetivo del Hambre Cero, la Soberanía Alimentaria, que puede estimular y coordinar la agricultura familiar pequeña y mediana. El MST (Movimiento de los Sin Tierras) y el MPA (Movimiento de Pequeños Agricultores) junto con los proyectos de PAA (Programa de Adquisición de Alimentos) creados en los gobiernos del PT son los principales protagonistas en la lucha por la soberanía alimentaria en Brasil. Esto es lo que permite al MST, hoy, donar solidaridad y 15 toneladas de alimentos a las víctimas pobres de Covid-19.

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Como se esperaba, las corporaciones empresariales se dividen en pros y contras. La UIA (Unión Industrial Argentina) y los ex–presidentes de la Federación Agraria apoyan la expropiación de Vicentin. Mientras tanto, la Asociación Empresarial Argentina (AEA) y el Foro de Convergencia Empresarial se niegan. La mayoría de estos coinciden con las fuerzas políticas de la oposición macrista, sus portavoces de los medios de comunicación y la militancia de las ollas anti-cuarentena, los cuestionadores de los salarios de los políticos; los que no se preocupan por las muertes, ni siquiera por la desgracia de los pobres

en villas y usan la pandemia como guerra ideológica; los desestabilizadores del gobierno, que no pueden dejar de gritar contra la expropiación, sin siquiera saber lo que significa: "¡todos somos Vicentin!"; “¡Es una supresión de los derechos de propiedad!”, “¡No queremos una Venezuela!”, “¡Es una chavinización de la economía!”, “¡No queremos el comunismo!”, “¡Esto es un crimen de lesa humanidad!”.

 

El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con toda razón, deben de acelerar los pasos para que la deuda externa, la economía devastada y la pandemia no cobren más vidas. Es por eso que el proceso contra el virus del “lawfare” está tomando cuerpo en Argentina. Viene a luz, el descubrimiento de un amplio esquema de espionaje ilegal liderado por Macri, basado en agentes metidos en la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), no solo contra Cristina Kirchner, sino también a una amplia gama de funcionarios y líderes políticos, empresarios, periodistas y opositores, incluyendo aliados del propio gobierno macrista y miembros de las familias, presos políticos (en plena cárcel). Este es otro capítulo, que compone el esquema tenebroso del llamado “lawfare”, con las garras de la dictadura de la falsa justicia y medios hegemónicos, que impuso el dominio económico golpista del poder concentrado de las finanzas internacionales contra la soberanía y los derechos humanos de los pueblos. Así operó Macri en Argentina y es Bolsonaro en Brasil.

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La decisión del gobierno sobre Vicentin causó gran sorpresa en este contexto regional adverso, con gobiernos vecinos como los de Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia y Ecuador, en ausencia de UNASUR que ni siquiera se reúne para la pandemia. Dado que el papel del Estado se convierte en protagonista como antídoto para el covid-19 en el mundo, la oligarquía financiera e empresarial golpista ve, detrás del caso Vicentin, el fantasma de las nacionalizaciones de Eva y Perón, desde los años 1945-50 (Junta Nacional Granos, Control de comercio exterior, Ferrocarriles, Fábrica nacional de aviones, etc.). Los medios hegemónicos se enfurecen contra Cristina Kirchner quien, frente al juez de Lomas y Zamora (quien le presentó la evidencia de espionaje ilegal del macrismo en su contra), señaló contra Clarín y la Corte Suprema de Justicia. En este caldo político, el anuncio de la expropiación de Vicentin, genera en los opositores el pánico del retorno del kirchnerismo que nacionalizó YPF, Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, AySA, etc.

 

La pandemia de covid-19 hace que toda la podredumbre y los problemas del sistema actual salten. Ya no es suficiente denunciarlos. Las soluciones son urgentes y se entrelazan. Es por eso que, en Argentina, los plazos y las agendas se aceleran entre los votos para la ley de expropiación Vicentin, la ley de emergencia para los impuestos sobre grandes fortunas y la reforma del sistema judicial. Y debemos predecir que no será fácil, ya que la oposición todavía tiene un poder de los medios y de la Justicia casi intacta.

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"La suya es una sociedad de clases, señora, y la suya también, señor, y ténganlo muy en cuenta, si no quieren que su amnesia termine en terapia de choque. También es una sociedad capitalista y accionada por el mercado, uno de cuyos atributos es el ir dando trompicones de una depresión/recesión a otra. Como es una sociedad de clases, reparte los costes de la recesión y los beneficios de la recuperación de forma desigual, aprovechando cualquier ocasión para dotar de mayor firmeza a su columna vertebral: la jerarquía de clases"

Zygmunt Bauman