La judicialización de la política: una amenaza a la soberanía nacional de Brasil y Argentina

Política 10 de octubre de 2020 Por Asser Noticias
Todo es parte del lawfare que rodea a la región latinoamericana, impidiendo la normalidad democrática de las elecciones en Ecuador y Bolivia. En Argentina, así como en Brasil, el Poder Judicial sigue incrustado de jueces y fiscales en sintonía con los medios hegemónicos
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                Por Helena Iono -corresponsal de Asser Noticias

En Brasil, lo que acabamos de ver es que los tentáculos del “lawfare”, de la judicialización de la política, a través del STF (Supremo Tribunal Federal), están más activos que cuando el golpe a la ex presidenta Dilma Rousseff y el impedimento y la prisión de Lula da Silva. ¡Activos y fulminantes! El golpe jurídico-mediático acaba de alcanzar su objetivo central, que es el económico, el saqueo de las empresas transnacionales a de la riqueza natural, el desmantelamiento del mayor patrimonio público del país, la Petrobrás. Con el voto de la mayoría de los jueces que participaron en los últimos meses, alternándose en una pista de circo, aparentemente parando a la extrema derecha y los mecanismos ilegales del ascenso del gobierno de Bolsonaro, desde Moro hasta Dallagnol, acaba de dar un golpe fatal a la democracia, al Poder Legislativo elegido por el pueblo, para asegurar el triunfo del neoliberalismo, las privatizaciones y la entrega de la soberanía nacional a Estados Unidos,

                         

El objetivo vampírico de la Lava Jato. ¿Cómo pueden 10 jueces del STF, con 6 votos contra 4, silenciar las voces de 513 diputados federales y 81 senadores, decidir entregar el 50% de la capacidad de refino de un bien público como la Petrobras, sin que la gente se dé cuenta? Por supuesto, esto no sucede sin el consentimiento de la propia legislatura, dominada por la oligarquía y los lobistas financieros internacionales. ¡Pero, es tiempo de luchar frente al duelo de la democracia y la soberanía nacional! La advertencia del ex presidente Lula y el acto realizado, entre todas las fuerzas populares por la soberanía, requieren repercusiones internacionales.

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Todo es parte del lawfare que rodea a la región latinoamericana, impidiendo la normalidad democrática de las elecciones en Ecuador y Bolivia. En Argentina, así como en Brasil, el Poder Judicial sigue incrustado de jueces y fiscales en sintonía con los medios hegemónicos (Clarín y La Nación), cómplices y vinculados al poder económico concentrado, defendido por JxC (Juntos por el Cambio); No dar respiro al intento desestabilizador y golpista – con complicidad de la embajada de Estados Unidos – contra el gobierno democrático y popular de Alberto Fernández en su política de reforzar el papel del Estado y los beneficios a los excluidos de la sociedad, como se evidencia en las diversas medidas de emergencia económico-sanitárias debido a la pandemia; los agentes del lawfare perpetrado contra Cristina Kirchner, teniendo sus intereses amenazados por la Reforma Judicial (ya aprobada en el Senado y en proceso de ser votada en la Cámara de Diputados), por el proyecto de impuesto a las grandes fortunas, por el despliegue de la revelación del fraude y fuga de capitales de la agroexportadora Vicentín, continúan instigando, a través de medios y redes sociales, actos golpistas por medio de manifestaciones, y actitudes de la clase media subestimando los riesgos de la pandemia, subestimando el sufrimiento y la responsabilidad social de docentes, enfermeras, médicos y personal de salud; por supuesto, estos sí se manifestaron justamente para un mejor reconocimiento de su trabajo y fueron reprimidos por la policía de la capital, bajo la dirección de JxC (Juntos por el Cambio). Después de lo más grave que fue el reciente intento de la derecha de alimentar al movimiento de los policías de la provincia Buenos Aires con una amenaza destituyente del gobierno en frente a la casa presidencial en Quinta de Olivos, ocurrieron varias otras.

 

El tema político-judicial candente se trata de los jueces Bruglia y Bertuzzi, quienes en 2018 fueron trasladados a dedo por Macri, sin aprobación del Senado, del Tribunal Oral Federal de la capital federal y de La Plata, respectivamente, a la Cámara Federal. De la misma manera, otro juez, Castelli, fue trasladado de un Juzgado de la localidad de San Martín a la misma Cámara Federal, la conocida Comodoro Py, donde se juzga entre otras la causa de dichas fotocopias de los Cuadernos, un marco de soporte legal montado, tipo Lava Jato contra

empresarios y políticos de la pasada administración Kirchner, para saquear el patrimonio económico y natural de Argentina. El dictamen del Consejo de la Magistratura refrenda la decisión del actual Ejecutivo y del Senado que anula el per saltum anticonstitucional (llevado a cabo por Macri) del traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, ordenando su regreso a los Juzgados de origen. Sin embargo, los tres jueces, apelando a la Corte Suprema de Justicia, lograron un voto unánime a favor del per saltum, aunque sujeto a un análisis posterior de fondo. Es una Corte Suprema, compuesta por 5 jueces, dos de los cuales fueron colocados por decreto de Macri, al inicio de su gobierno, por conveniencia política; entre ellos, el actual presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, conocido por su ideología de derecha, favorable a los genocidios de la dictadura militar, y su vínculo con el grupo económico de Magneto (Clarín). La presión desde la derecha sobre los cinco jueces fue aberrante, hasta el punto de escrachar de forma amenazante, en caravana de autos, frente a la residencia del juez Ricardo Lorenzetti para garantizar el per saltum de los 3 jueces en cuestión.

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El voto en la Corte Suprema de Justicia, en clara violación de la institucionalidad, pone el Poder Judicial enfrentando el Ejecutivo y el Legislativo. También muestra cómo la nueva Reforma Judicial (aún por votar en la Cámara de Diputados, bajo un boicot de la oposición al funcionamiento virtual) es solo un primer paso hacia la Verdadera Justicia en Argentina. Se busca la independencia del Poder Judicial en relación al Ejecutivo y a la política, pero en efecto, mientras duren los jueces del pasado, sintonizados con la dictadura de los 70 y el poder económico oligárquico y las corporaciones financieras, la política antiperonista siempre estará presente en el Poder Judicial, amenazando la democracia y la soberanía nacional. Los criterios de elección y control del Poder Judicial son una deuda social de los gobiernos populares.

Finalmente, en voz de la diputada Vanesa Siley (FdT - Frente de Todos) surge la solicitud de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, por haberse pronunciado a favor de la aplicación de la Ley 2x1 (Ley 27.362) tratando de reducir la pena de los genocidas y paralizar la Comisión Interpoderes que dejó de funcionar durante el gobierno de Macri, posponiendo más de 50 causas de la lesa humanidad de la dictadura. En estos cuatro años de gobierno de Macri, los Organismos de Derechos Humanos presionaron y no fueron escuchados. Recién ahora, el juez Rosenkrantz, por conveniencia personal, decidió reactivar la Comisión Interpoderes. Lea más detalles

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Lo ocurrido en Brasil, la privatización de las refinerías de Petrobras por decisión final del STF, nos remonta a los devastadores años vividos entre 1989-1998 durante el gobierno de Carlos Menen en Argentina. Durante este período, la dilapidación privatizadora de las empresas estatales fue devastadora en todas las áreas: Aerolíneas Argentinas, Petróleo (YPF), Gas, Agua potable, Telefonía, Obras Sanitarias, Carreteras y muchas otras. Todo ello, con la aprobación de la Corte Suprema de Justicia, que en varias ocasiones fue decisiva para la “privataría”. Fue necesaria la elección de Néstor Kirchner para recuperar la tierra arrasada por Fernando de la Rúa, para hacer un juicio político y remover a todos los jueces de la Corte Suprema

Las fuerzas opositoras de la derecha aceleran los pasos para apoderarse aprovechando el descontento por la situación económica destrozada dejada por Macri y agravadas por la Pandemia. Sumando estos factores, la pobreza subió llegó a 40%, el desempleo a 13% y, además el país literalmente en llamas con las 14 provincias (sobretodo Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos e Rio Negro) bajo incendios provocados por sospechosos orígenes: desequilibrio ecológico, sistémico, descuido humano que favorece los intereses inmobiliarios. Sin embargo, no hay rendición, ni derrota. Hay preocupación y solidaridad. Hay enorme dificultad por la Pandemia para una movilización popular callejera en apoyo al gobierno de Alberto y Cristina. Pero, lo que no se puede olvidar es que el 12 de mayo de 2017, en respuesta al intento de Macri de aplicar la Ley 2x1 para reducir la pena a los genocidios, más de 500.000 personas acudieron a la Plaza de Mayo, bajo cánticos y gritos de “Nunca más”, e impuso el voto unánime del Parlamento a favor de Memoria, Justicia y Verdad. La ley 2x1 para casos de lesa humanidad ha sido rechazada.

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Por lo tanto, es de se esperar que esta campaña histérica de los medios hegemónicos en defensa de 3 jueces de derecha (Bruglia, Bertuzzi y Castelli), asociando imágenes de minoritários actos de oposición contra el gobierno de Alberto Fernández, con una masa inexistente de lo que generalizan como “gente” descontenta puede sufrir un freno, una respuesta contundente del pueblo argentino (consciente de quién está a su lado, de la vida humana y la naturaleza); El peronismo se prepara para movilizar a más de un millón de personas, en una gran manifestación virtual y creativa el 17 de octubre, cuando se celebre el “Día de la Lealtad Peronista”, en el que cientos de miles ocuparon las calles en 1945 para exigir la liberación de Perón, cuando pasó de ser prisionero de la Secretaría de Trabajo a tres veces presidente y líder histórico del nacionalismo popular en Argentina. Más que una demostración de fuerza, el 17 de octubre podrá afirmar mayores lazos entre el Estado y el pueblo hacia la soberanía nacional defendida por Perón y Evita, Néstor y Cristina Kirchner. No hay justicia sin soberanía y soberanía sin la verdadera justicia. La lección es válida para Brasil. Lula tiene razón.

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Zygmunt Bauman