La Justicia porteña que autorizó la restricción de vacantes en las escuelas públicas está conformada por el PRO

Interés General 28 de diciembre de 2020 Por Asser Noticias
Inés Weinberg de Roca, Santiago Otamendi y Marcela de Langhe son tres de los cuatro magistrados que con su fallo liberaron al gobierno de la ciudad de Buenos Aires de la obligación de garantizar el acceso a la educación pública y fueron designados a propuesta de Horacio Rodríguez Larreta y de Mauricio Macri. El cuarto firmante es Luis Lozano, quien cultiva el perfil bajo y manejó por largo tiempo los hilos del Tribunal Superior de Justicia.
TSJ CABA
Santiago Otamendi, Alicia Ruiz (la única que votó en disidencia), Ines Weinberg de Roca, Luis Lozano y Marcela de Langhe.

De los cinco jueces que integran el Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ), tres fueron propuestos o por Mauricio Macri o por Horacio Rodríguez Larreta. Uno llegó directo del gabinete de Germán Garavano, es decir, antes de integrar el TSJ era secretario de Justicia de Macri. Otra fue cuestionada por cobrar un sueldo del gobierno porteño mientras era jueza (como profesora de la Policía de la Ciudad). Una tercera fue la candidata de Mauricio Macri a la procuración nacional. Y el cuarto integrante es el miembro que hace años funciona como una suerte de Ricardo Lorenzetti a nivel local. Las historias de los cuatro jueces y juezas que firmaron el fallo que desconoce el derecho fijado en la Constitución porteña a la educación pública desde los 45 días permiten entender, aunque sea en parte, por qué construyeron un fallo que habilita a Horacio Rodríguez Larreta a desentenderse de los amparos por la falta de vacantes.

El Tribunal Superior de Justicia tuvo ya varias conformaciones desde su creación junto con la autonomía de la Ciudad. Ya tuvo hitos como cuando falló a favor de Macri en un conflicto por el intento del entonces jefe de gobierno por imponer una candidata que le fallaba siempre a favor: Daniela Bruna Ugolini. Caída esa posibilidad, Macri mantuvo durante años una vacante en el TSJ hasta que finalmente logró ubicar allí en 2013 a Inés Weinberg de Roca, a quien -según la anécdota ya repetida- conoció porque ambos iban a mismo gimnasio de Palermo chico y le pareció "simpática". Luego intentó promoverla a procuradora nacional, tras lograr que renunciara Alejandra Gils Carbó, pero nunca obtuvo los votos en el Senado.

Por supuesto que Weinberg de Roca era más que la compañera de gimnasio de Macri: lo haya sabido o no el entonces jefe de gobierno porteño, la actual jueza del TSJ habla cuatro idiomas y entre 2003 y 2008 formó parte del Tribunal Criminal Internacional en Ruanda y en la ex Yugoslavia. Trabajó en Tanzania y reconoció el genocidio que ocurrió allí. A la magistrada se la puede ver en el documental Los cien días que no conmovieron al mundo, que refleja ese proceso. Otro dato que se suele mencionar es que está casada con Eduardo Roca, ex embajador argentino ante la OEA en 1966, ante Estados Unidos en 1968 y ante la ONU en 1982. Es decir que fue funcionario de más de una dictadura. Es socio vitalicio del Jockey Club, del Club de Armas y del Tenis Club, además de haber sido presidente del Rottary Club. “A las mujeres nos sacan a relucir la edad, el marido, todo... a los hombres, no”, se defendió en su momento Weinberg de Roca, que hoy es la presidenta del TSJ.

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Otros dos de los jueces del TSJ fueron, en cambio, propuestos por Larreta: Marcela de Langhe y Santiago Otamendi. Este último era juez en la Ciudad, pero se tomó licencia para ser el secretario de Justicia de Germán Garavano durante casi la totalidad de los años de Macri como presidente. De ese cargo político pasó directo a ser juez del TSJ. Más allá de sus pergaminos, no deja de ser un caso bastante particular la llegada sin escalas del gabinete de Macri a la cabeza de un Poder Judicial.

La jueza Marcela de Langhe cuando fue propuesta por Larreta era la presidenta del Instituto de Seguridad Pública, donde se entrena la Policía de la Ciudad. También era camarista en lo penal, contravencional y de faltas. Llegó con el apoyo de la UCR porteña y también del sempiterno Daniel "El Tano" Angelici. Antes de asumir el cargo, no obstante, sufrió un cuestionamiento por el doble cargo que ocupaba en el Poder Judicial y en el Ejecutivo. Ella argumentó que era legal ser profesora en el Instituto de Seguridad Pública, porque lo hacía ad honorem. No obstante, se conocieron documentos que sugerían que cobraba un doble sueldo: concretamente, indicaban que como rectora del Instituto percibía un sueldo básico de 123.117,40 pesos, más suplementos por “responsabilidad profesional” (61.558.70) y por “anticipo de servicios” (19.698,78) y un adicional fijo de 5918,19 pesos, lo que hace un total de 210.293,07 pesos. Como camarista, cobraba otros 106 mil pesos.

Hubo una polémica similar cuando fue designada Weinberg de Roca: el entonces legislador Rafael Gentili presentó evidencia de que había cobrado como integrante del tribunal en Ruanda y no lo había declarado. No obstante, tanto Weinberg como Langhe llegaron sin problemas al TSJ. En el caso de Weinberg, no esperaron la respuesta de la ONU y archivaron la denuncia de Gentili. Un dato curioso: después de que se la designara llegó la respuesta del tribunal internacional a los pedidos que formuló Gentili y se comprobó que el legislador tenía razón. Años más tarde, Weinberg dijo que era el único país del mundo donde la criticaban por haber integrado el tribunal de Ruanda.

Langhe es autora de un libro sobre escuchas telefónicas, tema por el que el PRO tuvo ya más de una causa judicial. En el libro, la magistrada detalla los límites del Estado ante la intimidad de las personas.

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El cuarto firmante del fallo que desató la polémica es Luis Lozano. Es el que desplegó mayor cantidad de argumentos, incluso con citas en inglés de fallos de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. De modales franciscanos, Lozano manejó por largo tiempo los hilos del TSJ, una suerte de Ricardo Lorenzetti a nivel porteño, pero con un perfil mucho más bajo y habilidad para no quedar en el centro de la escena. Lozano estaba en el TSJ en 2016 cuando resolvió que la Policía porteña podía solicitar el DNI o demorar personas sin la intervención de un juez. Esto también fue objeto de críticas por reponer la facultad de detener por "portación de cara".

La otra jueza que sobrevive de las primeras conformaciones del tribunal es Alicia Ruiz, que suele votar en disidencia con sus colegas, como ocurrió en el caso de las vacantes. No obstante, se trata de un tribunal que ya tiene tres de sus cinco jueces designados por el PRO.

Fuente: P12

Asser Noticias

Cr .Público Nacional
Periodista afiliado a Asoc. de Prensa Digital
Asesor en Economía

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