Alberto Fernández inaugura Congreso, marca metas y avanza contra la ley jurídica y económica de Macri en Argentina

Política 05 de marzo de 2021 Por Asser Noticias
El contundente discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso argentino, pone orden, impacta y dá un paso adelante para acabar con el funcionamiento dañino de una “Justicia” que entregó la soberanía nacional el bien estar del pueblo, en complicidad con las corporaciones económico-midiáticos del Executive de la era Macri. Algo que ya se ha anunciado desde el inicio del gobierno en 2020 ("¡Sótanos de la democracia, nunca más!"), reafirmado con el proyecto de Reforma Judicial en proceso de aprobación, ampliado, en este discurso, com una nueva estrategia política que refuerza la actuación del Congreso ante el Poder Judicial.
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Por Elena Iono - corresponsal Bs.As.

Reforzar la actuación del Congreso ante el Poder Judicial

“Una denuncia penal que busca esclarecer quiénes fueron los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y el mayor desvío de fondos registrado en nuestra memoria”.

Con estas palabras, Alberto Fernández, abrió la sesión ordinaria 2021 del Congreso argentino al anunciar una medida contundente entre tantas, previamente acordada con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pidiendo al Congreso Nacional que se encargue de investigar la situación en la cual jueces y fiscales permitieron aprobar acuerdos con el FMI en 2018 (sin consultar al Congreso), así como otros delitos que atentaron contra la soberanía nacional y la normalidad constitucional y democrática de Argentina. Esto incluye, por ejemplo, a fiscales como Carlos Stornelli, quien ha sido procesado varias veces como figura central en el espionaje ilegal en la famosa causa de los falsos Cuadernos do D'Alessio gate, y jueces como Gustavo Hornos, presidente Tribunal de Casación Penal, que se reunió 6 veces en la Casa Rosada con el ex–presidente Macri antes de emitir causas contra políticos kirchneristas. Hoy, dentro de la propia Corte de Casación, piden la renuncia de este juez Hornos. Como propuso el senador Oscar Parrilli (FdT), se debe conformar una Comisión Bicameral (Senado y Cámara de Diputados) para investigar al Poder Judicial; tales investigaciones colocarán en el banquillo a los agentes ejecutivos y judiciales del gobierno macrista que impulsaron el saqueo y empobrecimiento del pueblo argentino. Se establece una medida concreta para frenar la judicialización de la política y la politización de la justicia.

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Además, se enviarán varios proyectos de ley para eliminar las maniobras arbitrarias sin control, y el poder discrecional de la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión se produce al mismo tiempo que crece la presión social contra los altos privilegios y pensiones de los jueces de la Corte (conformada por solo 6 jueces, dos de los cuales fueron colocados por Macri por decreto), sin contar los criterios de sus nombramientos (indicados desde arriba por el Senado y Consejo de la Magistratura), impunidad y inexistencia de control social sobre su desempeño, como es el caso de los miembros del Legislativo y Ejecutivo elegidos por votación popular. Los proyectos tienen por objeto regular los casos que llegan a la Corte, apoyado en el artículo 280, que le permite decidir sin justificar; es también crear una Corte paralela para evitar la arbitrariedad y la injusticia. Se crearía un Tribunal Federal de Garantía;

la Corte Suprema se ocuparía de la constitucionalidad de los sujetos de la controversia y esta Corte evitaría la arbitrariedad de los tribunales inferiores en el juicio de los casos. Todas estas medidas anunciadas por Alberto en su discurso con mucha vehemencia, son parte de la presión política de la base de apoyo del gobierno del Frente de Todos y la ciudadanía para acelerar la Reforma Judicial que ya fue aprobada en el Senado y aún debe ser votada en la Cámara de Diputados.

 

Todo indica que la estrategia de este gobierno no es comenzar con medidas paliativas, simplemente enfocarse o remover jueces (algunos de ellos coludidos con crímenes de lesa humanidad), sino tratar de acelerar reformas de todo el sistema judicial que garanticen la integridad no solo de los políticos, pero de la ciudadanía indefensa, en diversos casos civiles, con el dinamismo necesario. Por ello, se dio una fuerte señal en el discurso por una Justicia que también garantize la integridad de las mujeres ante los brutales y crecientes femicidios. Hay 1 cada 29 horas en Argentina, ya sea por inoperancia o colusión de los servicios de Seguridad y Justicia. En el discurso presidencial también se hace un guiño a la necesidad de tribunales con un jurado popular con jurisdicción federal.

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Antes de finalizar esta nota hoy, hay una importante noticia de última hora que agregar: el grandilocuente alegato pública de la ex–presidenta Cristina Kirchner, en la audiencia de la Corte Federal de Casación Penal; una clase magistral de política y justicia, en su audiencia pública, una autodefensa en vivo y por zoom, con una audiencia instantánea de 1 millón, en la sesión de “Causa Dollar Futura” que lleva más de 5 años, desde antes de la elección de Macri, en su contra, su exministro de Economía y actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y los exdirectores del Banco Central, Alejandro Vanoli y Miguel Pesce. Otro de los escándalos judiciales montados que llevaron a Macri al poder en las elecciones de 2015 para dar paso a su enriquecimiento ilícito con altos funcionarios de su gobierno. Una causa clara de lawfare, con evidencia de no criminalidad, pero que continúa hoy, a través de un poder judicial cuestionado, y el ruido mediático hegemónico, para desacreditar al actual gobierno. Cristina Kirchner, desde acusada, empezó a colocar a jueces corruptos y al Poder Judicial en el banquillo de los acusados. Cristina no se defendió a su persona, pero a las principales víctimas que son los intereses democráticos de un pueblo y de una nación. Intervención completa de Cristina Kirchner..

Investigar el lawfare implica asegurar las bases de una economía soberana y popular

Una importante medida propuesta por Alberto Fernández con implicaciones político-judiciales-económicas: el Congreso, que es una representación elegida por el pueblo, debe ser consultado en los casos de deuda de la nación; por lo tanto, le corresponde investigar el delito de responsabilidad político-judicial de contraer deuda 2016-2019 por 104 mil millones de los cuales 86 mil millones (dólares estadounidenses) desaparecieron por la fuga de capitales al exterior. Con ello, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner abre una denuncia penal contra el gobierno de Macri por el endeudamiento del país con el FMI, basada “en un sistema perverso que reunió a jueces, fiscales y periodistas”. No los nombró, pero está implícito que son los de Clarín / La Nación y los medios hegemónicos, cómplices de la dicha justicia que dejaron a la Argentina devastada con un legado catastrófico para el gobierno del Frente de Todos. El colapso de la economía con una deuda externa brutal a fines de 2019, más de 14 mil pequeñas-medianas industrias y negocios quebrados, con el aumento de millones de desempleados, y el 34% de la población en el área de pobreza, son los medios de la cultura en los que llegó la Pandemia en marzo-2020 trayendo mayor daño. El acuerdo con el FMI comenzó en junio de 2018. La dirección actual del Banco Central ya inició el proceso de investigación de este delito de endeudamiento por parte del gobierno de Macri, entre ellos del ministro de Economía Nicolás Dujovne, del ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris y del exministro de Finanzas, Nicolás Caputo, incluso violando las reglas del FMI. La incriminación puede ser patrimonial, ya que la deuda podría corresponder al desvío hacia el bolsillo de altos funcionarios de ese gobierno. 

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El periodista Raul Delatorre explica: “... durante los cuatro años de la gestión de Macri se fugaron 86.194 millones de dólares. Pero el ritmo de fuga se aceleró a partir del acuerdo del FMI. Si el ritmo de salida de divisas había sido de 1467 millones de dólares por mes hasta el acuerdo con el FMI, a partir de entonces pasó a 2507 millones por mes. En los 18 meses siguientes al acuerdo, hasta que el gobierno de Mauricio Macri aplicó las restricciones al mercado de capitales que se había negado a considerar antes (octubre de 2019), se fugaron unos 45.100 millones de dólares. Una cifra muy similar, y no por casualidad, a los 44.526 millones que el gobierno había recibido del FMI.”

Objetivos económicos y sociales definidos por el gobierno para 2021: desarrollo del mercado interno y salarios por encima de la inflación

 Para la gente común, es difícil conectar el tema de la reforma judicial, del lawfare con sus problemas de supervivencia diaria. Se trata de superar la falta de comunicación de los medios públicos y comunitarios. Hace falta lograr aclarar que todas las colocaciones del gobierno del Frente de Todos apuntalan a un proyecto para desarrollar el mercado interno, recuperar la capacidad industrial dañada en los últimos 5 años, incluyendo la Pandemia; la meta de aumentos salariales por encima de la inflación se vuelve fundamental en la recuperación del consumo y del mercado interno. Los últimos acuerdos paritarios entre los sindicatos de maestros y el gobierno, siguiendo la de los empleados bancarios, ya dan ejemplos de esta posibilidad; se espera que funcione como una escala móvil de salarios. La previsión de inflación en el presupuesto 2021 es del 29% y los docentes han logrado un aumento del 35%. Otro punto que agrava las mesas de negociación entre gobierno, empresarios y sindicatos, es la cuestión de los precios. Identificar los principales nodos especulativos en la cadena de valor y precios, ejercer el control estatal, han sido claves para equilibrar los intereses del pequeño productor y comerciante, sin perjuicio del consumidor. No solo en el discurso presidencial, sino en el involucramiento concreto del Ministerio de Desarrollo Económico y Social, incluyendo Planificación y Obras Públicas, hay una reanudación del empleo, en la construcción de casas y caminos populares, así como en la formación de pequeñas cooperativas de producción, especialmente en los suburbios del conurbano y en la Provincia de Buenos Aires.

Alberto también pidió agilizar la votación en el Congreso para aumentar el ingreso mínimo que grava la AFIP a 150 mil pesos (unos 8 salarios mínimos), lo que podría incrementar el consumo y reactivar la industria y el comercio. El objetivo es superar el plan de emergencia durante la Pandemia 2020, en la que el Estado se vio obligado a 

subsidiar el desempleo (IFE) y mantener el crédito de emergencia (ATP) para la pequeña y mediana industria. Otra medida económica anunciada es que cuando finalice el congelamiento (hecho durante la Pandemia) del precio de las tarifas (luz, gas, teléfono, internet), se iniciará un proceso de desdolarización para evitar el incremento impagable para el consumidor; Las tarifas ya no estarán vinculados al dólar, ni a la inflación, sino a los salarios.

Superar la pandemia incluyendo la vacunación masiva está a la orden del día 

Lógicamente, el tema de salud para la supervivencia del pueblo argentino desde el inicio de la Pandemia ha sido fundamental, al revés de la orientación negacionista, anti-vacuna y genocida, de la falsa priorización de la economía por parte de Bolsonaro/Guedes. Argentina fue, con razón, un precursor de las primeras medidas de cuarentena restringida en la región de América del Sur, mitigando la escalada viral, acompañada de una política estatal de salud y políticas públicas mediante la construcción de 12 hospitales modulares, habilitando salas de retiro para los menos graves, camas de terapias intensivas, teléfonos oficiales de emergencia, todo en manos del Estado, incluso bajo la dirección del ex–ministro de Salud, Ginés García; Peronista, considerado uno de los mejores ministros de salud de Argentina, y ahora le sigue la ministra, Carla Vizzotti. Argentina fue uno de los pioneros en contratar la vacuna Sputnik-V del Instituto Gamaleya, que ahora es la vacuna más buscada en el mundo; Además de ser coproductor de Astrazeneca-Oxford con México e importador de China Sinopharm, el país inició su campaña masiva de vacunación para la población. La estrategia de vacunación tiene como objetivo prevenir un agravamiento ante una posible segunda ola pandémica a principios del invierno, como ocurrió en Europa. De regreso de México donde participó como único presidente invitado en el Bicentenario de la Independencia, Alberto Fernández anunció el acuerdo establecido con López Obrador sobre la producción y distribución bajo la CELAC de la vacuna Astrazeneca para toda Latinoamérica.

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La extrema derecha de la oposición macrista, inocula desde el inicio de la Pandemia, el odio de clase desestabilizador, a través de los medios hegemónicos y las redes sociales. Pasaron de agitar manifestaciones minoritarias y violentas de negacionismo, anti-cuarentena, antivacunas rusas, “comunistas” y “envenenadas”, la Sputnik-V, para luego reclamar la vacunación ondeando la falsa bandera de anticorrupción o anti-privilegios. Evidentemente, este es un año de elecciones legislativas en Argentina y todo es pretexto para que la coalición “Cambiemos” (PRO-JxC) politice la Pandemia, y lleve a las urnas o al exterminio social, como está sucediendo en el Brasil de Bolsonaro. Instigado públicamente por su extrema derecha, apoyado por Patricia Bullrich, tal Unión Republicana incluso realizó una minúscula y repudiable manifestación frente a la Casa Rosada, exponiendo bolsas negras, que representaban cadáveres, con nombres de personalidades políticas de organizaciones de Derechos Humanos. Una imagen horrible de una amenaza a la democracia, al estilo del Klu-Klux-Klan, repudiada por la mayoría de la opinión pública, que tiene memoria y certezas: “¡Dictadura, nunca más!”.

 

La ira de los opositores no esperó un minuto para arrancar en la sesión del Congreso, en los titulares de Clarín y en los medios hegemónicos, ante la decisión presidencial de investigar los desvíos del Poder Judicial. La declaración pública de Cristina Kirchner hoy en el Tribunal Federal de Casación Penal refuerza el discurso del

presidente y deja a los opositores en una mala posición. Ellos son los que se quejaron de que primero viene la economía, luego la salud (cuarentena, vacuna). Bueno, todo indica que ahora, habiendo ya avanzado en control sanitario con vacunación, el gobierno del Frente de Todos decidió alzar la lucha política para reactivar la economía. Una economía no interesa a los poderes concentrados del lawfare. Y no solo; los pone imputados frente a nuevos parámetros de justicia. Es una buena señal que el debate económico está sucediendo con las políticas públicas del Estado, y una buena interacción entre el gobierno y los movimientos sociales, barrios y sindicatos, que es la base fundamental de un gobierno peronista. La pandemia dificulta la movilización masiva para apoyarlo. Pero, no hay que olvidar que en el momento necesario el pueblo argentino saldrá a la calle, como hace unos meses, salió masivamente en honor a Néstor Kirchner y Maradona para defender lo que les pertenece. Cuando la Patria esté en peligro, habrá más, ¡habrá millones! El alegato de Cristina Kirchner es el mejor ejemplo de comunicación de un estadista en los últimos tiempos para criar consciencia.

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Asser Noticias

Cr .Público Nacional
Periodista afiliado a Asoc. de Prensa Digital
Asesor en Economía

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"La suya es una sociedad de clases, señora, y la suya también, señor, y ténganlo muy en cuenta, si no quieren que su amnesia termine en terapia de choque. También es una sociedad capitalista y accionada por el mercado, uno de cuyos atributos es el ir dando trompicones de una depresión/recesión a otra. Como es una sociedad de clases, reparte los costes de la recesión y los beneficios de la recuperación de forma desigual, aprovechando cualquier ocasión para dotar de mayor firmeza a su columna vertebral: la jerarquía de clases"

Zygmunt Bauman