Argentina: Fortalecer el Estado para enfrentar la presión desestabilizadora y antidemocrática

Política 15 de mayo de 2021 Por Asser Noticias
La Corte Suprema, la “Justicia”, las corporaciones empresariales y mediáticas continúan actuando contra las instituciones
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Por Elena Iono ( corresponsal de AsserNoticias )

La Corte Suprema y la “Justicia” continúan actuando contra las instituciones violando las normas constitucionales, para defender el poder real frente al poder político (Ejecutivo y Legislativo) elegido democráticamente por el pueblo

 

La escandalosa sentencia de la Corte Suprema integrada por 5 jueces (a vista, no electos por voto directo, 2 de ellos colocados por decreto al inicio de la presidencia de Macri) dictó contra el DNU nacional 241/2021, en el último día del plazo vencido a los 15 días de vigencia (que había establecido, entre otras, reglas de restricción a la presencia de escuelas ante la gravedad de la Pandemia y el colapso de hospitales). La sentencia, a favor del recurso de fallo de un juzgado local de la capital (Buenos Aires) contraria al DNU, no tuvo otro propósito que rendir un acto político-mediático favorable con fines electorales al alcalde Larreta de la coalición macrista (JxC); todo a costa de la inseguridad y la división en el ámbito educativo entre nación y ciudad, entre maestros y familias, en nombre de una pseudo-autonomía de la capital en materia educativa, desconociendo la principal razón del DNU que era la sanidad y la defensa de la vida.

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Esto generó una preocupación sobre intentos pre-golpe como en los años 70, y reactivó la memoria de las organizaciones de derechos humanos, de las madres y abuelos de la Plaza de Mayo. Para el próximo 25 de mayo está prevista una manifestación con caravana por la vida y la democracia. Cristina Kirchner en su twitter condenó la actuación de la Corte Suprema: "Sinceramente, es muy claro que los golpes de Estado contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antes". En ese contexto s se ha enviado al Congreso un Proyecto de ley para definir marcos legales de salud, para que la pandemia no se utilice políticamente.

 

El acto de Alberto y Cristina en el municipio de Ensenada 

La mejor respuesta de Alberto Fernández y Cristina Kirchner vaciando esta nueva puesta en escena judicial y mediática contra el gobierno del Frente de Todos, fue el acto realizado con las autoridades locales de Ensenada (municipio de tradiciones peronistas) y el gobernador de la Provincia de Buenos  Aires, Axel Kicillof, relanzando el Programa de Reconstrucción de Casas Populares. Son 55 mil viviendas iniciadas en el gobierno de Cristina e interrumpidas en la gestión de Macri. Las palabras de Alberto Fernandez y de Axel Kicillof fueron grandilocuentes y de amplio espectro político; contra-atacó la persistente guerra del lawfare, expuso el estado de abandono del pueblo dejado por Macri, y reafirmó que “ni titulares de los grandes medios, ni sentencia judicial (refiriéndose a la sentencia de la Corte Suprema), detendría la unidad, ni los compromisos en favor del pueblo argentino de este gobierno electo”. En ese acto fue notable la presencia de Cristina Kirchner y, aun sin hablar, se contemplaron sus ideas, y su actuación como ex–presidenta fue planteada en ambos discursos.

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La pandemia acelera los pasos para desenterrar los escombros de la era Macri. Otro plan adoptado por el gobierno del Frente de Todos es el Plan Conectar Igualdad. Este año se distribuirán 700 mil notebooks a niños estudiantes necesitados. Macri desfinanció la Educación y redujo la distribución de esa misma cantidad para 4 años; Cristina dejó 5,5 millones de ordenadores en 2015 para distribuir (4 millones de niños dejaron de recibir en la era Macri). Los que hacen la guerra por la asistencia escolar durante la pandemia, son los mismos que no entregaron cuadernos a los niños pobres; no les construyeron casas y en 4 años construyeron menos de 100 guarderías de las 3 mil prometidas. Ahora, los portátiles serán fabricados por 8 empresas nacionales que generarán 1.800 nuevos puestos de trabajo.

 

El llamado "poder real" a través de marcadores de precios provoca un malestar social para desestabilizar al gobierno  

Uno de los problemas económicos actuales más graves es el elevado coste de los alimentos. El precio de la carne, principal alimento de la mesa argentina, subió 65% en un año. Las empresas intermediarias, propietarias de la cadena de distribución, suben los precios de forma abusiva y descontrolada, muy por encima de la inflación, absorbiendo criminalmente todos los subsidios por desempleo y cheque familiar (AUH) otorgados a los pobres. El Consejo Federal Argentino contra el Hambre, impulsado por el Estado, acaba de aumentar el alcance de la denominada Tarjeta Alimentaria, que cubría a 1,9 millones de niños pobres hasta los 6 años y que reciben AUH (Cheque Familiar para Niños). Ahora se beneficiarán 3,7 millones de niños menores de 14 años. Otra medida paliativa, pero oportuna, sobre todo en la emergencia pandémica, es que la recaudación de 223 millones de pesos del impuesto a las grandes fortunas de 10.000 familias (por una vez), servirá de ayuda alimentaria a 4 millones de niños durante 8 meses.

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Mientras tanto, el Ministerio de Desarrollo Social impulsa un Plan Federal de Ferias una Canasta Básica de 28 tipos de alimentos directamente del pequeño productor a precios populares disponibles en las ferias. En los supermercados habrá una ley de góndolas que vá obligar al comerciante a exhibir productos de marca y costosos, al mismo nivel que los más baratos, que incluyen los de la categoría etiquetados como “precios cuidados” (productos con precios de acuerdo con algunas empresas nacionales).
 

Debate abierto sobre una mayor intervención y regulación del Estado 

A pesar de la gran ofensiva del gobierno de involucrar al Estado en medidas económicas concretas (mencionadas anteriormente), bonificaciones de emergencia para salvar la economía popular afectada por la pandemia, raspando el fondo de la olla perforada por la deuda externa; a pesar de la política pionera de Argentina para la adquisición y fabricación de vacunas (Sputinik-V, Sinopharm y Astrazeneca), y la tributación de grandes fortunas; a pesar de todo, hay algunas voces dentro del propio campo nacional y popular que piden acelerar mecanismos de mayor intervención y control estatal

Lo que determina esta urgencia no proviene de una simple plataforma de izquierda. Los hechos y la acelerada presión judicial-mediática de la oposición golpista, aprovechando la pandemia, son claros. Hay un doble poder entre el poder político y el poder real. Esta, la de las corporaciones financieras, mediáticas y la famosa “embajada”. Un claro ejemplo, además de la sentencia de la Corte Suprema contra el DNU 241/21, fue la medida cautelar lanzada con el voto de 2x1 jueces de una Sala de lo Contencioso Administrativo Federal a favor de Telecom (de propiedad de Clarin) contra el DNU 690/20. Este DNU aprobado por ENACOM (Entidad Nacional de Telecomunicaciones) definió, a fines de 2020, servicios públicos esenciales, principalmente por la pandemia, móvil, fijo, internet y TV por cable y estableció una Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) para una distribución equitativa, creando un rango de precios bajos para los estratos más pobres.

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El periodista Alfredo Zaiat publica un análisis detallado del complicado control de las tarifas eléctricas (que subieron un 3.000 por ciento en la era Macri), congelado bajo el actual gobierno, pero dependiente de los intereses de las distribuidoras privadas (Edesur, Edenor y Edelap) que sustituyeron la empresa estatal Segba en el período neoliberal de Menen. De esta forma, se mantiene un sistema privatizado, “ineficiente, costoso para las autoridades tributarias, la población y la estabilidad económica”. En la práctica, se concluye que la energía, al ser un bien público esencial, requiere un mayor poder estatal.
 

Otros debates en torno al tema de la quiebra de la empresa agroindustrial Vicentin, así como el del control de los puertos del río Paraná, por donde fluye el 75% de las exportaciones agrícolas del país, bajo el control de empresas privadas, son las de la agenda de las fuerzas políticas del país. El predominio del llamado poder concentrador real y oligárquico, que determina que los precios de los productos agrícolas para el consumo interno sean los mismos que los de las exportaciones dolarizadas, es lo que no garantiza el pleno éxito de la Ley de góndolas en los supermercados.

 

Los golpistas y las fuerzas desestabilizadoras en Venezuela también han intentado entrar por alimentos. En Argentina, es probable que no se haga un desabastecimiento; ella todavía tiene una gran industria alimentaria nacional. Pero, los monopolios de la agroindustria no solo garantizan sus ganancias, pero provocan el descontento popular hacia el gobierno, determinando el alza de los precios de los alimentos y productos básicos. Entre algunos del Frente de Todos hay voces que presionan por incrementar el poder de control y regulación del Estado en el tema agroalimentario. Cómo reaccionaría ante eso los sectores burgueses del Frente Renovador que tienen una gran cantidad de ministerios? Alberto Fernández se esfuerza por mantenerse unido a todas las fuerzas progresistas, sin perder la en conexión con sindicatos y movimientos sociales.
 

La bandera de la ley golpista en tiempos de pandemia ya no es la “anticorrupción”, sino la defensa de la “Libertad”. Libertad para acumular riquezas, para el egoísmo capitalista, para transgredir, odiar, no llevar máscaras, no pensar en el otro, ir a fiestas y ver morir al vecino. Frente al virus invisible, según los predicadores de la “Libertad”, “el mayor peligro es la mano dura del Estado, sinónimo de dictadura y comunismo”. Para crear esta imagen están las fakenews y los medios de comunicación.  

 

Para enfrentar este virus libertario, es necesario mejorar la comunicación pública centralizada y continúa para toda la nación. Anunciar medidas de fuerza de un gobierno progresista y democrático en cadena nacional; informar, detallar y convencer en una situación de guerra económica, sanitaria y de defensa de la vida es más que un derecho; es un deber. Es fundamental crear una conciencia que organice y movilice a las personas. Es algo que, si nos falta, luego nos sorprende cuando los fascistas triunfan en alguna parte. Sin estado y sin comunicación pública y masiva, es difícil asegurar la democracia.

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Asser Noticias

Cr .Público Nacional
Periodista afiliado a Asoc. de Prensa Digital
Asesor en Economía

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"La suya es una sociedad de clases, señora, y la suya también, señor, y ténganlo muy en cuenta, si no quieren que su amnesia termine en terapia de choque. También es una sociedad capitalista y accionada por el mercado, uno de cuyos atributos es el ir dando trompicones de una depresión/recesión a otra. Como es una sociedad de clases, reparte los costes de la recesión y los beneficios de la recuperación de forma desigual, aprovechando cualquier ocasión para dotar de mayor firmeza a su columna vertebral: la jerarquía de clases"

Zygmunt Bauman