Salta: las millonarias licitaciones que el gobierno de Gustavo Sáenz le dio a una empresa insolvente.

Política 04 de septiembre de 2019 Por
Pese a no tener bienes declarados y tan sólo un trabajador registrado, la Municipalidad de Salta le pagó millones a SEC S.A.
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El gobierno de la municipalidad de Salta, comandado por el intendente PRO Gustavo Sáenz, le entregó suntuosas licitaciones a una empresa fantasma, existente en los papeles, pero insolvente en la práctica, para realizar obras fuera de su actividad y para las cuales no estaba preparada. Así se desprende de una denuncia impulsada por la AFIP que derivó en una investigación de la Justicia Federal.

La compañía en cuestión es SEC S.A., una sociedad anónima que se constituyó en 1998 y cuyas acciones fueron transferidas, en total, en 2017 a Gerardo Rubén Romero y Camila Muñoz para, luego, darle el poder general amplio de administración y trámites bancarios a Aníbal y Álvaro Anaquin, ambos empleados públicos de Salta. Según se desprende de la investigación judicial, ambos insolventes por lo que no se pudo explicar cómo compraron el capital social de la empresa por $86.00.

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Romero es jubilado desde marzo del 2013 con un ingreso de $7.264 mensuales, no es titular de bienes registrables, vive en una casa habitación y nunca salió del país pese a ser socio de SEC S.A. y de otras empresas. En tanto, Muñoz tiene sólo 24 años, vive con sus padres, no figura como empleada, ni es titular de bienes registrables. De este modo, la investigación arrojó que ambos no manifestaron tener recursos económicos para estar al frente de una compañía y se concluyó, en base a intervenciones telefónicas, que el verdadero control operacional es del empresario Matías Huergo.

Pese a estos antecedentes, la Municipalidad de Gustavo Sáenz les otorgó importantes licitaciones que llevaron a revelar un “presunto direccionamiento de la obra pública por parte de funcionarios provinciales – y municipales – hacia las empresas relacionadas” con Huergo. Además, se explicó que en algunos casos se invitaba a ciertas empresas, en general las mismas (Arcadio Obras Eléctricas; AVAN SAS y MATÍAS HUERGO, todas pertenecientes al nombrado) “a participar de las licitaciones, destacando el denunciante – anónimo – que los precios que se pagaban por las obras realizadas eran elevados en relación al valor de mercado”.

Más curioso aún fue que la investigación reveló que la compañía de Huergo facturó ocho comprobantes tipo B, de abril a junio de 2017, desde la propia Municipalidad de Salta. Así se constató por medio de un entrecruzamiento de datos de la AFIP y la IP de la casa de Gobierno. Éstas correspondían a Certificaciones de Obras por la provisión e instalación de farolas o luminarias en distintos puntos de la Ciudad. En esos meses, la empresa facturó un total de $8.632.540 al municipio de Sáenz.

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El Juzgado Federal de Salta Nº1, a cargo de Julio Leonardo Bavio, investiga al Gobierno de Salta capital, comandado por el intendente PRO Gustavo Sáenz, por el armado de una asociación ilícita para ocultar el vaciamiento de fondos públicos, los verdaderos responsables de la estructura corrupta y beneficiarios de maniobras de evasión de impuestos. Una organización ilegal compuesta por empresarios, compañías insolventes y funcionarios, que habrían sido destinatarios de un retorno económico por facilitar el direccionamiento de licitaciones y contrataciones directas. En esta investigación, iniciada por una denuncia de la AFIP, se descubrió que 26 empresas facturaron a la Municipalidad de esa ciudad y muchos de estos comprobantes fueron creados desde la misma dirección IP que la de la casa del Ejecutivo.

La pesquisa analizó los movimientos y contrataciones de 2017 y 2018, con facturas, testimonios y escuchas a los implicados. En esos períodos se detectó una “faceta delictiva” que “operaría mediante el empleo de personas físicas y jurídicas en actividad, otras de “papel” (legales pero insolventes al no tener bienes registrables, compras ni empleados) que ocultan a sus verdaderos titulares para, con la connivencia de funcionarios públicos, resultar adjudicatarias de obras públicas con sobreprecio, las cuales obtendrían directamente o con el concierto de voluntades a través del direccionamiento a su favor”, según el documento legal 

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Según el juez federal Bavio, se encontró que “en muchos casos la utilización de facturas apócrifas (duplicadas) tendría el propósito de ocultar salidas ilegales de fondos públicos cuyo destino habría sido el patrimonio de los mismos funcionarios públicos”.

SEC S.A. es la empresa que está en el ojo del huracán. Se creó en 1998 pero en 2017 pasó a manos de Gerardo Rubén Romero y Camila Muñoz y su domicilio fiscal se concretó en Vicente López al 1700, donde no se registra actividad industrial ni comercial, sino que el lugar es ocupado por un estudio jurídico y figura como domicilio de Aníbal y Álvaro Anaquin, ambos empleados públicos. Según la Justicia, el empresario Matías Huergo es quien maneja el control operacional desde las sombras.

 

Romero es jubilado desde marzo de 2013 y cobra $7.264. No tiene bienes registrables, vive en una casa modesta - "casa habitación" - y nunca salió del país a pesar de ser socio de ésta y otras empresas también vinculadas a Huergo. De este modo, entendieron en la AFIP y la Justicia, su estilo de vida no se condice con las altas facturaciones de las compañías. Su socia, Camila Muñoz, tiene sólo 24 años, vive con sus padres, no se registró nunca como empleada en relación de dependencia, no tiene bienes registrables y no salió de la Argentina. Así, se manifiesta que los presuntos titulares de SEC S.A. son insolventes ya que nada explica cómo pudieron adquirir las acciones de la firma.

Pese a esta irregularidad y al hecho de haber declarado un solo empleado entre abril y mayo de 2017, la Municipalidad de Salta les otorgó la obra de colocación de 600 farolas y 690 luminarias en el casco céntrico de la ciudad. Augusto Aparicio Pereyra fue el único trabajador registrado por SEC S.A. para semejante tarea, con un sueldo de tan sólo $10.670.

La compañía no tenía empresas proveedoras y no registró compras destinadas a la subcontratación para la realización de los trabajos que justifique la falta de empleados o que les provea los materiales para las columnas, faroles y luminarias. O sea, con un solo trabajador, SEC S.A. suministró los instrumentos de la obra y la concreción de la misma. Al resultar imposible que la compañía haya realizado tal encomienda, se sospecha que todo fue costeado por la propia Municipalidad de Salta.

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fte. destape

 

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"La suya es una sociedad de clases, señora, y la suya también, señor, y ténganlo muy en cuenta, si no quieren que su amnesia termine en terapia de choque. También es una sociedad capitalista y accionada por el mercado, uno de cuyos atributos es el ir dando trompicones de una depresión/recesión a otra. Como es una sociedad de clases, reparte los costes de la recesión y los beneficios de la recuperación de forma desigual, aprovechando cualquier ocasión para dotar de mayor firmeza a su columna vertebral: la jerarquía de clases"

Zygmunt Bauman